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Simplificación administrativa en el área de la creación de empresas

Transposición de la Directiva de servicios (2009).

Un hito importante que puede afectar de manera significativa a los procesos de creación de empresas es la transposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (Directiva de servicios).

Para llevar a cabo una correcta transposición de la Directiva, España ha optado por la elaboración de una Ley horizontal de transposición que promueva una aplicación amplia de los principios generales de la Directiva con pocas restricciones (Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio). El proceso de transposición ha afectado a un importante número de normas que es necesario modificar de acuerdo con lo establecido en la Directiva y en la Ley paraguas. Este proceso ha llevado primero a la modificación de varias leyes que se ha realizado en la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

Esta Ley introduce la modificación de varias leyes que va a facilitar y mejorar la solicitud de licencias y permisos en el proceso de creación de empresas. Cabe destacar las siguientes modificaciones:

  • Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. En el artículo 70 bis, se introduce la posibilidad de que los prestadores de servicios puedan realizar los trámites relativos a una actividad de servicios, por medio de una ventanilla única, por vía electrónica y a distancia, salvo que se trate de la inspección del lugar o del equipo que se utiliza en la prestación del servicio. También se establecen las obligaciones de información que marca la Directiva de Servicios.

    En el artículo 84 de la misma Ley, se introduce la posibilidad de utilizar por parte de las Corporaciones Locales la comunicación previa o la declaración responsable. En cuanto a las licencias previas referidas al acceso y ejercicio de actividades de servicios se estará a lo dispuesto en la Ley sobre el libre acceso de las actividades de servicios y su ejercicio1.

  • Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Se añaden dos artículos, 39 bis y 71 bis y se da una nueva redacción al artículo 43.

    El artículo 39 bis indica que cuando las Administraciones públicas establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos o exijan el cumplimento de requisitos para el desarrollo de una actividad deberán elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público y justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, con el principio siempre presente de no discriminación de trato.

    La nueva redacción del artículo 43 generaliza el silencio administrativo positivo y el nuevo artículo 71 bis regula la comunicación previa y la declaración responsable2.

1  El artículo 6 (Procedimientos de autorización) de la Ley sobre el libre acceso de las actividades de servicios y su ejercicio indica que “Los procedimientos y trámites para la obtención de las autorizaciones a que se refiere esta Ley deberán tener carácter reglado, ser claros e inequívocos, objetivos e imparciales, transparentes, proporcionados al objetivo de interés general y darse a conocer con antelación. En todo caso, deberán respetar las disposiciones recogidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, así como garantizar la aplicación general del silencio administrativo positivo y que los supuestos de silencio administrativo negativo constituyan excepciones previstas en una norma con rango de Ley justificadas por razones imperiosas de interés general.”

2  El artículo 7 de la Ley sobre el libre acceso de las actividades de servicios y su ejercicio establece que la realización de una comunicación o una declaración responsable o el otorgamiento de una autorización permitirá acceder a una actividad de servicios y ejercerla por tiempo indefinido (con una serie de excepciones).

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